ESPAÑA | La síndica alerta de carencias graves en el seguimiento y el acompañamiento de los jóvenes extutelados

Se constata una gestión deficitaria de los recursos y una falta de herramientas adecuadas para fiscalizar las ayudas otorgadas

La afectación de los derechos de los jóvenes llevó a la institución a pedir la condonación de su deuda y la Administración lo ha aceptado

El Síndic de Greuges de Cataluña ha hecho público el 26 de septiembre de 2025 un informe que analiza el funcionamiento de los programas de apoyo a la emancipación de los jóvenes extutelados. Tiene su origen en las quejas que ha recibido la institución y en las actuaciones de oficio que ha abierto durante los años 2024 y 2025, y se enmarca en el contexto del Plan de transformación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, impulsado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

El informe constata algunas disfunciones e irregularidades en la gestión de las prestaciones económicas y de vivienda dirigidas a las personas extuteladas. Esto afecta a los derechos y oportunidades de estos jóvenes, especialmente en términos de riesgo de exclusión social, acceso a la vivienda, formación postobligatoria o inserción en el mercado laboral, sin olvidar las afectaciones fiscales de esta gestión administrativa.

Contexto

El aumento del número de niños y adolescentes en situación de desamparo y la llegada de adolescentes migrantes solos han hecho que haya más jóvenes extutelados atendidos por las medidas de apoyo a la emancipación, lo que ha incrementado la presión asistencial sobre el Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET) de la Generalitat.

Principales conclusiones

La cobertura de los programas de emancipación es insuficiente: los programas de emancipación cubren tan solo a la mitad de estos jóvenes cuando cumplen los dieciocho años y, entre los que se quedan fuera, hay perfiles vulnerables.

La prevalencia de denegación de prestaciones es elevada: entre 2021 y 2023 se ha denegado más de una tercera parte de las solicitudes presentadas, aunque esta cifra ha ido mejorando en estos años. El informe pone de manifiesto que estas denegaciones mayoritariamente tienen que ver con burocracia excesiva y barreras administrativas, atendiendo al perfil de estos jóvenes. 

Los retrasos en la tramitación de prestaciones económicas son excesivos: el tiempo medio supera los 10 meses (si tomamos como referencia las solicitudes de prestación económica de los expedientes activos a 31 de diciembre de 2024). También se advierte de que el proceso de extinción de la prestación es lento: para los expedientes extinguidos en 2024, pasan 18,1 meses desde que se propone su extinción hasta su resolución. En cambio, el acceso a la vivienda es bastante ágil: el 63,8 % de los jóvenes accede a una vivienda en los tres meses posteriores a su mayoría de edad.

Se constatan pagos indebidos: el Departamento ha informado recientemente al Parlamento de que, de los expedientes analizados del año 2021 –cerca de un millar–, solo se descartan pagos indebidos en un 20 %.

Para leer el artículo entero y descargar el informe, haga clic aquí.

Fuente: El Síndic de Greuges de Cataluña, España

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