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Deficiencias en implementación de oficinas de atención a personas con discapacidad
La implementación de las Oficinas de Atención a las Personas con Discapacidad en 13 Municipalidades de la región Tumbes, así como en el Gobierno Regional presenta una serie de deficiencias, según una reciente supervisión realizada entre los meses de julio y agosto por la Defensoría del Pueblo (DP).De acuerdo a la información analizada, se concluyó que de las 14 instituciones supervisadas, 6 no habrían cumplido con la asignación del presupuesto anual para el adecuado funcionamiento de la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad. Se trata de las Municipalidades de las provincias de Zarumilla y Contralmirante Villar, así como de los distritos de Corrales, Canoas de Punta Sal, Pampas de Hospital, Aguas Verdes, San Juan de la Virgen y Matapalo.
De otro lado, las 14 entidades supervisadas no cumplen a cabalidad con la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Según los resultados de la supervisión de la Oficina Defensorial de Tumbes, 9 instituciones apenas realizan una campaña al año mientras que las 5 restantes no programan ninguna.
Un punto que llama más la atención es la vulneración al derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y es que pese a las reiteradas recomendaciones y actividades de sensibilización realizadas por la DP en Tumbes, 8 son inaccesibles y 9 no cuentan con servicios higiénicos accesibles para las personas con discapacidad.
En relación a la cuota laboral - la cual según la Ley General de la Persona con Discapacidad no debe ser menor al 5% del total del personal - ni el Gobierno Regional de Tumbes ni los municipios distritales de Corrales, San Jacinto, Canoas de Punta Sal, Matapalo, Aguas Verdes y los provinciales de Zarumilla y Contralmirante Villar cumplen con tener trabajadores con discapacidad en sus planillas.
La Defensoría del Pueblo recuerda que el cumplimiento de la Ley General de las Persona con Discapacidad tiene como objeto establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad.
Fuente: Defensoría del Pueblo, Perú
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