BackEn el Día Internacional del Refugiado, que se conmemora cada 20 de junio, la Defensoría del Pueblo reitera al Estado peruano reforzar el sistema de refugio, a fin de garantizar los derechos de las personas solicitantes de protección en el Perú y aquellas que ya se encuentran refugiadas en el país. Ello, ya que, actualmente, se presentan barreras para su acceso e integración, pese a que se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
- Según Acnur, el Perú es uno de los países que más solicitudes de refugio tiene pendientes en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial.
- Existen dificultades para el acceso al sistema de refugio desde antes de la pandemia por el COVID-19.
En el Día Internacional del Refugiado, que se conmemora cada 20 de junio, la Defensoría del Pueblo reitera al Estado peruano reforzar el sistema de refugio, a fin de garantizar los derechos de las personas solicitantes de protección en el Perú y aquellas que ya se encuentran refugiadas en el país. Ello, ya que, actualmente, se presentan barreras para su acceso e integración, pese a que se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
Cabe indicar que, hasta enero de este año, según la Comisión Especial para Refugiados, se registraron 615 771 solicitantes de la condición de refugiado; de las cuales, la mayor cantidad la representan las personas de nacionalidad venezolana con un total de 606 595 personas, y solo 4125 ciudadanas/os venezolanas/os han sido reconocidas/os con el estatuto de refugiada/o.
A pesar de los esfuerzos del Estado, una de las brechas es el acceso al sistema, esto se agravó con la declaratoria de emergencia por el COVID-19, así como el cierre de fronteras internacionales. Durante los dos años de la aplicación de esta medida, no se han implementado excepciones ni canales para la recepción de solicitudes en las fronteras terrestres, situación que afecta el derecho a solicitar y recibir asilo reconocido en instrumentos de protección de derechos humanos ratificados por el Perú.
Sumado a lo anterior, y desde la apertura de fronteras terrestres, la Defensoría del Pueblo ha advertido que existe negativa y desconocimiento por parte de las autoridades migratorias y policiales en relación con la recepción de solicitudes de refugio tanto de adultos como de niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, pese a que la legislación y estándares internacionales han reconocido y recomendado en reiteradas oportunidades su recepción.
Otra situación preocupante, advertida por la institución, es el aumento de operativos de fiscalización migratoria y expulsiones colectivas de ciudadanas/os extranjeras/os a nivel nacional, donde no se han respetado las garantías del debido proceso, ni el derecho a la vida familiar, provocando la ruptura de la unidad migratoria familiar y violando el principio de no devolución de personas solicitantes de la condición de refugio.
Al respecto, como señalan las normas internacionales, el Estado debe abstenerse de ejecutar conductas que propicien la devolución de personas, puesto que mediante este tipo de medidas se puede provocar el riesgo para la vida e integridad de solicitantes de refugio y una separación de las familias.
“El Perú es uno de los países que se ha comprometido internacionalmente en materia de protección de refugiados, a través de su adhesión al Pacto Mundial sobre los Refugiados del 2018, donde se prevé una respuesta conjunta y solidaria para las situaciones que afrontan las personas refugiadas dentro de los países de acogida. Sin embargo, en nuestro país se mantienen limitaciones para la inserción real de esta comunidad en el ámbito laboral, educativo y en materia de salud”, sostuvo Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, el funcionario detalló que se han presentado casos de discriminación y xenofobia, que incluso son promovidas por las autoridades locales y nacionales, cuyas propuestas refuerzan la estigmatización de la migración, especialmente la irregular; y que van en contra con los compromisos asumidos por el Estado para el apoyo en la reducción de vulnerabilidad y desarrollo de las personas refugiadas y migrantes en la Declaración de Alcaldes de MarraKech “Ciudades que trabajan juntas para beneficio de migrantes y refugiados”.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Estado reforzar la difusión del alcance y obligaciones que se tienen frente al sistema de protección internacional en el país y reafirma su compromiso para seguir trabajando en favor de la personas solicitantes y refugiadas/os en el Perú, especialmente niñas, niños y adolescentes. Asimismo, reitera a esta comunidad, la atención presencial en todas las oficinas defensoriales a nivel nacional y canales virtuales.
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