PERÚ | Defensoría del Pueblo pide a Epsel agilizar procesos para iniciar obra de ampliación y mejoramiento de sistemas de agua y desagüe

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque instó a la empresa prestadora de servicios (EPS) Epsel S.A., encargada de brindar los servicios de agua potable y saneamiento en la región, a agilizar el trámite de los procedimientos administrativos pendientes para dar inicio a la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable en el distrito de San José (CUI 2144191), el cual se encuentra paralizado desde hace siete años, afectando las condiciones de vida de 25 000 habitantes.

De acuerdo al seguimiento realizado por la sede defensorial, en marzo de 2017 la Municipalidad Distrital de San José adjudicó dicha obra a una empresa privada por un monto superior a 30 millones de soles, de los cuales se pagó como adelanto 9 millones de soles. No obstante, en junio del mismo año se declaró la nulidad del contrato debido a presuntas irregularidades en la presentación de las cartas fianzas. Este caso viene siendo investigado por el Ministerio Público.

Frente a ello, por acuerdo municipal adoptado en marzo de 2018, se aprobó encargar la ejecución del proyecto a Epsel S.A., motivo por el cual en enero de 2020 dicha empresa debió iniciar la elaboración del expediente de saldo de obra -en el cual se determina el porcentaje avanzado y lo pendiente- y culminarlo en un plazo de 150 días. Sin embargo, cuatro años después, dicho expediente, que es exigido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aún no concluye.

Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo, explicó que los retrasos en esta importante obra vienen generando graves afectaciones en los derechos de la población del distrito de San José, quienes ven postergado su derecho de acceder a servicios públicos de calidad. En la actualidad la población recibe agua potable por pocas horas al día y las redes de alcantarillado presentan colapsos frecuentes debido a la antigüedad de las instalaciones.

El representante de la Defensoría del Pueblo alertó que el municipio de San José tiene la obligación de agilizar las acciones legales para la recuperación de fondos públicos que fueron pagados inicialmente a la empresa contratista el año 2017, luego de conocerse que dicho proceso se habría iniciado recién en diciembre del 2023.

“Desde la Defensoría del Pueblo haremos seguimiento para que las instituciones involucradas en la gestión y ejecución del proyecto de agua y saneamiento cumplan con sus responsabilidades funcionales. En caso de continuar las  dilaciones, daremos cuenta al Ministerio Público para que investigue a los funcionarios responsables en la demora de la ejecución de esta importante obra para la población del distrito de San José”, subrayó Hidalgo.

Fuente: Defensoría del Pueblo, Perú