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Celda
El área de Salud Mental de la Procuración Penitenciaria de la Nación realizó durante los dos últimos años relevamientos sobre la práctica en salud mental que lleva adelante la agencia penitenciaria con las personas privadas de su libertad.
De dichas observaciones se desprende que los estándares con los que trabaja el Servicio Penitenciario Federal no se ajustan a lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental, lo cual conlleva a diferentes vulneraciones de derechos. En este sentido, la Procuración Penitenciaria realizó un informe denominado “Buenas Prácticas en salud Mental en contextos de encierro.”
En el documento se denuncian varias problemáticas observadas como lo es la circulación desregulada de psicofármacos, el abordaje de la salud mental centrado en el aspecto psico-farmacológico, la dirección de estos establecimientos a manos de funcionarios penitenciarios sin especialización en el campo de la salud mental y no de profesionales de la Salud Mental, la disminución en la dotación de profesionales y las deficientes condiciones edilicias y recursos materiales.
Se resaltan también como puntos preocupantes la desarticulación del Programa de Prevención de Suicidios (PPS), la utilización de medidas de sujeción (medidas de contención física mecánica) y la imposibilidad de una correcta continuidad de los abordajes en salud mental frente a los traslados.
Finalmente, se plasman en el documento consideraciones para establecer un piso mínimo de buenas prácticas en Salud Mental en contextos de encierro. La recomendación de implementar estrategias que tiendan a reducir la prescripción de psicofármacos como una respuesta asistencial habitual para “Acallar” los efectos subjetivos del encierro, la afirmación de que los dispositivos de abordaje de las adicciones denominados CRD pasen a la órbita de la Dirección de Sanidad y la diligente ampliación de los cupos en dichos dispositivos, son algunas pautas que promueve el presente trabajo.
Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación, Argentina
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