ARGENTINA | Primera reunión de la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria

El Procurador Penitenciario participó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del primer encuentro interinstitucional con el objetivo de resolver el déficit habitacional y mejorar las pésimas condiciones de privación de la libertad en establecimientos federales.

El pasado 23 de abril se realizó la primera reunión de la comisión que se conformó a partir de declararse la emergencia carcelaria por tres años en todo el país, a raíz de la sobrepoblación carcelaria que ya supera en un 15% la capacidad operativa de alojamiento.

La resolución 184/2019 que emitió el Ministerio de Justica planteó como objetivo analizar la situación actual del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos estatales que intervienen en temas carcelarios para la elaboración de políticas públicas en esta materia.

Nuestra institución cree que es impostergable cambiar la trayectoria punitivista actual de las políticas de detención con el objeto de encontrar otra solución a la problemática y evitar el crecimiento desproporcionado de la población carcelaria. Asimismo, valoramos las futuras inversiones en infraestructura carcelaria que confirmaron desde el Ministerio de Justicia siempre que sean en pos de mejorar las condiciones de los detenidos durante el encierro. 

Señalamos también que las últimas modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad aprobadas por el Congreso suman restricciones para el egreso de las personas detenidas y conduce a incrementar los niveles de encarcelamiento.

Recordamos que en octubre de 2013 la PPN ya advertía esta situación problemática. En ese sentido nuestro Organismo presentó un proyecto de ley al Congreso de la Nación que buscaba atacar el problema estructural y regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos federales. El mismo prevé también mecanismos de acreditación previos, con participación de los actores involucrados, procedimientos de alerta y control y la aplicación de un sistema de prevención de sobrepoblación. En 2017 el proyecto fue presentado nuevamente pero hasta el momento no ha tenido tratamiento parlamentario.

En esta línea, organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó al Estado argentino a realizar una auditoría a nivel federal y provincial con el fin de adecuar las condiciones de reclusión de los centros penitenciarios y comisarías a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

De la reunión, además del Procurador Penitenciario, participaron un representante de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y uno del SPF. El Ministerio invitó a designar representantes a numerosas instituciones, y han aceptado a colaborar los Ministerios de Seguridad y de Interior de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la CABA, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, la Fiscalía General de la CABA, la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa, y la Asociación Argentina de Jueces de Ejecución Penal.

Conforme a su misión, la Procuración Penitenciaria continuará trabajando para evitar la sobrepoblación y articulando distintas acciones y estrategias con el fin de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación, Argentina