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Los titulares de las defensorías del pueblo, reunidos en Zaragoza en sus XXXVIII Jornadas de Coordinación
Los titulares de las defensorías del pueblo, reunidos en Zaragoza en sus XXXVIII Jornadas de Coordinación, instan a las administraciones públicas a revisar e intensificar las medidas preventivas contra el acoso escolar para mejorar su eficacia y han solicitado que se dote a la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado de todos los recursos necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones.
Esta es una de las principales conclusiones de la declaración institucional adoptada en las Jornadas que, bajo el lema La vulnerabilidad en las aulas, han reunido en Zaragoza los días 28 y 29 de octubre al Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; a la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; al Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; a la Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas; a la Diputada del Común de Canarias, María Dolores Padrón; al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna; al Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, y a la Ararteko en funciones, Inés Ibáñez de Maeztu.
El manifiesto, firmado por el Defensor del Pueblo de España y por los comisionados autonómicos, recuerda que la educación es un bien público determinante para reducir las desigualdades entre las personas y favorecer el progreso social, económico, y cultural. Por ello, reclaman a los poderes públicos competentes que proporcionen a los centros educativos los recursos necesarios, tanto personales como materiales, y en particular, de profesorado y profesionales que tengan la formación especializada que requiere el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
En este contexto, los defensores piden también mejorar la detección y atención temprana a los niños y niñas con necesidades especiales; distribuir de manera equilibrada el alumnado en situación de vulnerabilidad en los procesos de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos; garantizar el acceso a todas las etapas educativas a los menores extranjeros en situación administrativa irregular; atender la singularidad y las dificultades que presenta la educación en el ámbito rural; ofertar suficientes plazas de calidad para la población infantil de 0 a 3 años, y promover su gratuidad.
Asimismo, y ante el aumento cuantitativo del riesgo suicida y de su complejidad, los defensores piden también a las administraciones públicas que promuevan las actuaciones que sean necesarias para prevenir los problemas de salud mental que padecen adolescentes y jóvenes en los ámbitos educativos, sanitario y social, extremando al máximo este objetivo.
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Fuente: La Defensoría del Pueblo de España
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