ESPAÑA | La síndica pide revisar el modelo de transparencia para adecuarlo a las nuevas necesidades

El 12 de enero de 2026 se ha publicado el noveno Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente a 2024, que evalúa el cumplimiento de la Ley 19/2014.

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley, el balance es claro: el modelo catalán de transparencia ha avanzado, pero todavía presenta carencias estructurales que limitan su eficacia. En este contexto, la síndica pone de manifiesto que es el momento de hacer balance, de ir más allá del cumplimiento estrictamente normativo y de revisar el modelo de gobernanza de la transparencia para adaptarlo y mejorarlo. Además, destaca que la eficacia de la transparencia requiere la implicación real de todos los agentes económicos y sociales, tanto del sector público como del privado.

Este año, el 88,6% de las 1.007 administraciones y entes receptores de fondos públicos a los que se les ha solicitado información la han proporcionado, el segundo porcentaje más alto de la serie histórica.

Pocos recursos para una exigencia creciente

Una de las principales alertas del informe es la insuficiente dotación de recursos humanos y económicos. El 64 % de las administraciones catalanas no cuenta con ninguna persona destinada a jornada completa a las tareas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, solo el 17,4 % ha creado una unidad de información específica, tal y como establece el Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Esta escasez de recursos se produce en un contexto de incremento sostenido de las solicitudes de acceso a la información pública, que aumentan a un ritmo superior al 30 % anual y suponen una mayor carga especialmente para las organizaciones con menor capacidad.

Municipios rurales: la doble velocidad de la transparencia

El informe vuelve a poner de manifiesto la doble velocidad territorial en el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia. Los municipios rurales, especialmente los más pequeños, son los que tienen mayores dificultades para cumplir con las obligaciones legales, debido tanto a la falta de recursos como a las limitaciones de su estructura organizativa.

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Fuente: El Síndic de Greuges de Cataluña, España